El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 44.597 millones de euros al cierre de 2024, lo que representa el 2,8% del PIB. Esta cifra supone una mejora sustancial frente al 3,52% registrado en 2023 y queda por debajo del límite del 3% marcado por las reglas fiscales europeas. Así, tras confirmar que España cerró un 2024 con cifras que consolidan su posición como uno de los motores de crecimiento de la eurozona, el Ejecutivo celebra estos resultados.
Se trata de la primera vez desde 2018 que España consigue mantener su déficit por debajo de ese umbral sin recurrir a medidas extraordinarias. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó durante la presentación del dato que este resultado se ha logrado "en un contexto internacional plagado de incertidumbres, lo que da aún más valor al esfuerzo realizado".
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que este resultado se ha logrado "en un contexto internacional plagado de incertidumbres, lo que da aún más valor al esfuerzo realizado".
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La DANA y su impacto presupuestario excepcional
Aunque el dato oficial del déficit es del 2,8%, Hacienda aclara que esta cifra no incluye los efectos extraordinarios derivados de las ayudas públicas tras el paso de la DANA por la Comunidad Valenciana. Si se suman estos gastos puntuales, el déficit ascendería al 3,15%. No obstante, la normativa europea permite excluir del cómputo aquellos gastos derivados de catástrofes naturales, siguiendo precedentes como el del terremoto de Lorca en 2011.
Esta excepción se alinea con los principios de flexibilidad del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que permite a los Estados miembros apartarse temporalmente de los objetivos fiscales ante circunstancias excepcionales.
La Seguridad Social reduce su desajuste un 40%
Uno de los datos más relevantes es la mejora registrada en el sistema de Seguridad Social. El déficit acumulado hasta noviembre fue de 2.791 millones de euros, lo que supone una reducción del 40,72% respecto al mismo periodo del año anterior.
Este avance refleja el dinamismo del mercado laboral, con récords históricos de afiliación y una mejora en la recaudación por cotizaciones. El equilibrio progresivo del sistema ha sido posible, en parte, gracias a las reformas aplicadas en los últimos años y al incremento del empleo, en línea con los objetivos del Plan de Recuperación y Resiliencia.
Cinco años cumpliendo los objetivos
Desde 2020, España ha logrado reducir su déficit año tras año, lo que le ha permitido encadenar cinco ejercicios consecutivos cumpliendo con los objetivos marcados. Según datos del Ministerio de Hacienda, desde el pico alcanzado durante la pandemia el déficit se ha reducido en un 70%.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que este resultado se ha logrado "en un contexto internacional plagado de incertidumbres, lo que da aún más valor al esfuerzo realizado".
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Este proceso de consolidación ha sido compatible, según Montero, con el refuerzo del Estado del bienestar: “Hemos demostrado que es posible bajar el déficit y la deuda, y al mismo tiempo ampliar derechos y mantener políticas sociales ambiciosas”.
Revisión de los objetivos a medio plazo
En 2018, el Gobierno ya anticipó la necesidad de revisar los objetivos de déficit para el periodo 2019-2021, flexibilizando los márgenes inicialmente previstos. Entonces, se fijaron metas más realistas: un 1,8% para 2019, un 1,1% en 2020 y un 0,4% en 2021. La Seguridad Social asumiría la mayor parte del desajuste.
Con la pandemia como telón de fondo, estos objetivos fueron desbordados temporalmente, pero el retorno progresivo a la disciplina fiscal ha sido evidente. La reducción del déficit en los últimos dos ejercicios posiciona a España como uno de los países más comprometidos con la consolidación fiscal en el entorno europeo.
Reacción institucional y política
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se felicitó públicamente por el resultado a través de sus redes sociales, destacando la "consolidación de las cuentas públicas" y la compatibilidad de esta senda con el crecimiento y la cohesión social.
La ministra Montero, por su parte, enfatizó que España ha logrado “mejorar las previsiones incluso de la propia Comisión Europea” y recordó que el dato refuerza la credibilidad del país frente a los socios comunitarios y los mercados.
Las comunidades y los ayuntamientos, en el foco
La distribución del déficit por niveles de la administración refleja una mejora generalizada. La Administración Central, las comunidades autónomas y la Seguridad Social han reducido sus desequilibrios, mientras que las corporaciones locales mantienen el equilibrio presupuestario.
La previsión oficial era que las comunidades autónomas cerraran el año con un déficit del 0,3% del PIB, la Administración Central con un 0,4% y la Seguridad Social con un 1,1%. Aunque los datos finales aún están pendientes de consolidación, las cifras provisionales indican un cumplimiento generalizado de estas metas.
El reto de mantener la estabilidad fiscal en 2025
Con la reactivación de las reglas fiscales europeas a partir de este año, el cumplimiento del déficit cobra una importancia estratégica. La Comisión Europea exige planes de ajuste graduales y creíbles, especialmente en un contexto en el que los países deben reducir la deuda pública por debajo del 60% del PIB a medio plazo.
España, con una deuda en torno al 110% del PIB, tiene ante sí el desafío de seguir avanzando sin poner en riesgo el crecimiento ni las políticas sociales. La estrategia del Gobierno pasa por mantener la disciplina fiscal sin recurrir a recortes, confiando en el crecimiento económico, la mejora del empleo y el impulso de los fondos europeos como palancas de consolidación.
Puntos clave
- El déficit público se situó en el 2,8% del PIB en 2024, mejorando el umbral exigido por la UE.
- Las administraciones recortan más de 16.000 millones respecto al año anterior, el mayor ajuste desde 2020.
- Seguridad Social reduce su déficit un 40% tras el alza de los ingresos por cotizaciones.
- España refuerza su posición ante la vuelta de las reglas fiscales y evita recortes bruscos.