El Congreso de los Diputados ha aprobado la primera Ley de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, un texto pionero en el marco normativo español que entra en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. El objetivo de esta legislación es reducir drásticamente el volumen de alimentos desperdiciados en todas las fases de la cadena alimentaria, desde la producción agraria hasta el consumo final.
La norma establece que todos los agentes de la cadena alimentaria, incluidos productores, distribuidores, comercios minoristas, servicios de restauración y entidades receptoras de donaciones, estarán obligados a disponer de un plan de prevención que identifique los puntos críticos donde se producen pérdidas y que proponga medidas para minimizar su impacto. El texto también contempla una jerarquía de prioridades para el aprovechamiento de alimentos, donde el consumo humano, a través de la donación o redistribución, ocupa el primer lugar.
Un modelo jerarquizado de aprovechamiento
Uno de los aspectos clave de la ley es la jerarquización del destino de los alimentos que no se vendan o consuman. En primer lugar, deberán destinarse a donaciones para consumo humano, mediante convenios con entidades sociales. Estas organizaciones tendrán que garantizar la trazabilidad de los productos y su entrega sin discriminación. En segundo lugar, se permite la transformación de alimentos en otros productos como zumos o mermeladas. Cuando ya no sean aptos para el consumo humano, la prioridad será la alimentación animal, el uso como subproductos industriales y, como última opción, el compostaje o la generación de biocombustibles.
También se establecen medidas específicas para comercios y hostelería. Los supermercados deberán poner a la venta productos aptos para el consumo aunque tengan defectos estéticos o fechas de caducidad próximas, mientras que los restaurantes tendrán que facilitar envases reutilizables para que los clientes puedan llevarse la comida sobrante sin coste adicional.
Implicaciones para empresas y consumidores
La norma contempla una aplicación escalonada de las obligaciones en función del tamaño de las empresas. Las grandes compañías estarán sujetas a mayores exigencias de diagnóstico y control, mientras que pymes y microempresas podrán beneficiarse de exenciones o medidas adaptadas. Las obligaciones incluyen, entre otras, la firma de convenios con organizaciones receptoras, la adopción de buenas prácticas de gestión de alimentos, la adecuación de las fechas de consumo preferente y la colaboración en los sistemas de medición estadística del desperdicio.
Para los consumidores, la ley tiene un enfoque más pedagógico que coercitivo. El Gobierno promoverá campañas informativas para fomentar un consumo responsable y divulgar el significado de las fechas de caducidad y consumo preferente. También se incentivará el consumo de productos de temporada, de proximidad o ecológicos, y se fomentará el alargamiento de la vida útil de los alimentos mediante investigación y desarrollo.
Sanciones de hasta 500.000 euros
El régimen sancionador contempla tres tipos de infracciones: leves, graves y muy graves. Las leves incluyen no aplicar la jerarquía de prioridades en el uso de alimentos o no formalizar convenios de donación. Estas faltas pueden conllevar multas de hasta 2.000 euros. Las infracciones graves, como no contar con un plan de prevención o reincidir en faltas leves, se sancionarán con multas de entre 2.001 y 60.000 euros.
Las infracciones muy graves se reservan para casos de reiteración o resistencia sistemática al cumplimiento de la ley, y podrán ser penalizadas con sanciones de hasta 500.000 euros. En todos los casos, las sanciones se graduarán en función del volumen de negocio de la empresa y de la gravedad del daño causado.
Un marco alineado con los ODS y la economía circular
El Ministerio de Agricultura ha subrayado el carácter ético y sostenible de la nueva normativa. Según datos oficiales, en 2020 se desperdiciaron más de 1.300 millones de kilos de alimentos en los hogares españoles, el equivalente a 31 kilos por persona. La nueva ley se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, en particular con el ODS 12.3, que busca reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en venta minorista y consumo.
La iniciativa también responde a la necesidad de optimizar recursos naturales, reducir el impacto ambiental del sistema agroalimentario y mejorar la competitividad del sector. La ley forma parte del Programa Estatal de Prevención de Residuos y contempla la elaboración de un Plan Estratégico nacional y un sistema anual de control y seguimiento por parte del Ministerio.
Puntos clave
- La ley impone a toda la cadena alimentaria la obligación de prevenir el desperdicio mediante planes y jerarquías de uso.
- Las sanciones por incumplimiento oscilan entre 1.000 y 500.000 euros, en función de la gravedad y la reincidencia.
- Comercios y restaurantes tendrán que adaptar sus prácticas, desde descuentos por caducidad hasta envases